Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras

 

ESTADO ESPAÑOL | EL LOBBY DE LAS AGUAS ENVASADAS IMPIDE QUE LOS MANANTIALES ENTREN EN LA LEY DE AGUA

Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladorasEl agua es un bien público, o por lo menos en teoría. En un contexto de sequía, agotamiento de los humedales y desertización avanzada, en el Estado español sigue vigente una ley franquista que entrega a las embotelladoras el acceso a los manantiales de agua para que la comercialicen con enormes márgenes de beneficios. Un modelo de negocio boyante en todo el mundo.


MARÍA JOSÉ ESTESO POVES / MADRID

Miércoles 30 de diciembre de 2009.  Número 116  Número 117
Foto: Luis Demano
Foto: LUIS DEMANO

 

Este año por primera vez se ha secado el río Cambrones, en la Sierra de Guadarrama. La sequía tiene que ver, pero la captación de 50 litros por segundo de agua hecha por Bezoya (Pascual) es la principal causa, según los vecinos. Ahora, el pantano del Pontón Alto, que recoge las aguas del Cambrones y el Eresma para abastecer a Segovia y a varios municipios cercanos, está seco. El agua huele a cieno y la gente compra agua embotellada por miedo. Si la marca que adquieren es Bezoya, están consumiendo el agua que les fue sustraída por la multinacional unos kilómetros antes, recogida directamente del manantial. Pero con una diferencia, por cada metro cúbico (mil litros), pagaban a su ayuntamiento unos 30 céntimos de euro; ahora, cada litro de agua embotellada les costará cerca de 0,30 euros. Pagarán a Bezoya mil veces más por un recurso público. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Trescasas regalaron al grupo Pascual el manantial por 30 años.

Esta multinacional repite la misma operación en otro lado de la sierra, en el municipio segoviano de Ortigosa del Monte, desde hace más de 35 años, con otra planta envasadora y un caudal máximo concedido de 750 millones de litros/año. El río Milanillos se seca cuatro meses al año. Situaciones idénticas se repiten en todo el Estado español.

Una ley franquista 
La Ley de Minas 22/1973, aún vigente, permite a las Comunidades Autónomas otorgar concesiones de explotación de los manantiales a empresas privadas por razones de “utilidad pública” y sin pagar ningún canon. Esta ley se contradice con la ley de Aguas de 1985, refundida con la directiva de la UE, que regula todas las aguas excepto las minerales. La causa es un conflicto de gremios de ingenieros de caminos y los de minas. Estos últimos, en la elaboración de la Ley de Aguas de 1985, se negaron a perder sus ‘privilegios’ sobre un recurso tan preciado.

En febrero de 2007, el Gobierno trató de integrar las aguas minerales en la Ley de Aguas, competencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero el PP y las multinacionales lo impidieron. Las empresas dijeron que “se iba a nacionalizar como en Venezuela”. Minas les da el agua hasta por 99 años.

Para el economista José Manuel Naredo esto no tiene sentido. “Hay órdenes que separan los precios del agua de la red, el agua de riego y la embotellada como si no procediera del mismo ciclo hidrológico. Eso no atiende a calidades porque el agua de riego puede ser de muy buena calidad. Además, no siempre que se dice que es de manantial es cierto, como se denunció en Inglaterra. A otros como Aguas de Barcelona no les interesa que el agua sepa bien para que la gente la compre embotellada, están compinchados con las embotelladoras y la compra de agua embotellada añade al negocio muchos ceros”. Mar Corral es ingeniera de minas e investigadora titular de aguas minerales y termales del Instituto Geológico y Minero. Estudia las aguas y una vez catalogadas establece el perímetro de protección de las mismas que impide que cualquier particular haga un pozo cerca. Son los ingenieros de minas los que dicen si un agua es mineral o no. Corral dice que “ahora que es un buen negocio siempre hay alguien que quiere machacar a estas empresas [multinacionales] que, además, crean empleo. Estas aguas siempre han estado reguladas así. Las confederaciones hidrográficas controlan el 99% del agua y quieren todo. Los problemas vienen por su mala gestión. Además, sólo se embotella un 0,03% de las aguas comunes”.

La Plataforma en Defensa de las Aguas Públicas de Segovia, que luchó durante ocho años contra Bezoya, no piensa lo mismo: “Con una explicación numérica estúpida nos querían convencer de que sacar cuatro millones de litros al día era algo inocuo. Los acuíferos se secan, Bezoya ha secado Ortigosa del Monte y ahora aquí en Trescasas tiene permiso para sacar 50 litros por segundo”, señala Pedro Espinar.

El negocio generado por ese 0,03% de agua mineral del que habla Corral supera de largo al producido por la totalidad de las aguas comunes. En el Estado español diez multinacionales del agua embotellada mueven más de mil millones de euros y cuentan con 4.500 trabajadores, según la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasadas (ANEABE). El mercado español está dominado por Danone, Nestlé, Pascual o Damm, entre otras.

Dejación institucional 
La Ley de Aguas dice que el abastecimiento de las poblaciones debe estar garantizado. Por eso los ayuntamientos deben ofrecer agua potable de buena calidad, pero en muchos casos hacen dejación de su obliga- ción->. Según Erika González, de Ecologistas en Acción, “la solución debe ser pública, dirigida a la gestión de todo el proceso de depuración y potabilización. Pero cuando esto se deja en manos privadas hay intereses. Por ejemplo, en Canarias, una misma agua potable tenía un sabor y olor diferente en cada municipio. Hay procedimientos para que el agua sea potable, sepa y huela bien”.

Para Javier Martínez, catedrático en hidrogeología de la Fundación Nueva Cultura del Agua, “el Ayuntamiento de Zaragoza es un ejemplo de gestión pública, ha mejorado la red y eso ha permitido pasar de 112 millones m3/año de consumo a casi la mitad. Pero el agua es un negocio y chalaneo político. A muchos municipios de la provincia les han vendido la conexión a una red de aguas traídas del Pirineo de supuesta alta calidad, cuando son una mezcla con las del Ebro. Municipios que disfrutaban de un agua de calidad, como Cariñena, se han conectado a esa red, mientras que antes se abastecía del manantial que hoy suministra el agua mineral Sierra del Águila”.

Mientras tanto, las embotelladoras hacen su agosto. Por ejemplo, del aforo disponible anual de Bezoya en Ortigosa del Monte, de 750.000 m3 año (750 millones de litros), en 2003 embotelló 250 millones de litros porque el envasado depende de la demanda ya que el almacenamiento del agua ocupa mucho espacio: si no se vende no pueden aumentar la captación. Pero según ANEABE las ventas aumentan cada año. En 2007 el consumo de agua envasada en España fue de 5.637 millones de litros.

Por eso el marketing se emplea a fondo. Las aguas minerales naturales se identifican con salud. Según la publicidad, existen aguas que adelgazan, que permiten a los niños crecer o que rejuvenece. Bezoya fue denunciada por publicidad engañosa al decir en un spot que su agua mineral elimina las toxinas rápidamente.

La peor parte se la lleva el medio ambiente. Además de los impactos relacionados con la fabricación, distribución y el reciclaje de las botellas de plástico, la extracción del agua mineral tiene efectos perjudiciales para las montañas, según denuncian grupos ecologistas. El proceso de captación de las aguas se realiza en altura, dependiendo de la zona, a 1.500-1.800 metros. El agua mineral es superficial y se envía por gravedad directamente a la embotelladora. No tiene que ver la luz y para eso se crea una red de tuberías porosas que decantan el agua y la mandan a una tubería general con arquetas de control directa a la embotelladora. Las empresas pinchan en los nacimientos de los ríos y para el acceso se abren pistas en la sierra. En la Sierra de Guadarrama, Bezoya realizó una pista de 14 kilómetros.

Foto: David Fernández Foto: David Fernández

LA LUCHA POR EL AGUA DEL VALLE DE LECRÍN (GRANADA)

M.J.E.P.

La llegada de las multinacionales para captar agua en los municipios ha hecho que muchos vecinos se organicen en defensa del agua pública. Un ejemplo de esa lucha son los pueblos del Valle de Lecrín, en Sierra Nevada. De la noche a la mañana se plantó en el pueblo granadino de Dúrcal, a pocos kilómetros de la capital, una empresa que gozaba de la bendición de la Junta para construir una embotelladora en plena sierra y empezar a captar agua bajo la marca Sierra Dúrcal, propiedad de Aguas Minerales Sierra Nevada. “Hemos estado en Bruselas dos veces gracias al apoyo de IU y los Verdes. Todos los pueblos del Valle de Lecrín nos hemos organizado y ahora tenemos ocho denuncias contra la embotelladora. Denunciamos que vende agua como mineral natural, pero el agua es tratada, no tiene licencia y se lleva el agua de esta zona especialmente castigada por la sequía”, señala Manuel Puerta, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Aguas del Valle de Lecrín, que lucha contra la planta de envasado de agua mineral. El agua no cuenta con la aprobación de sanidad, además empezó a embotellar sin tener los permisos y recibió dos subvenciones: una de más de un millón de euros y un préstamo de 2.400.000 euros al 0,25% de interés. La planta embotelladora se instaló en terreno rústico, en pleno monte Zahor, a menos de cien metros de los pozos que abastecen a la población de Dúrcal, en el límite del Parque Nacional de Sierra Nevada y a tres kilómetros de la laguna de Padul, único humedal de la provincia de Granada, de especial protección. Desde hace tres meses la embotelladora ha parado.


MÁS CONSUMO DE AGUA ENVASADA QUE DEL GRIFO

P.E.

Según datos de la Organización de Consumidores, las facturas del agua potable en Barcelona son las sextas más altas de todo el Estado. Los barceloneses pagan 339 euros de media cada año, 99 euros más de lo que se paga en Madrid, 108 euros más de lo que se paga en Girona y 127 euros más de lo que se abona en Lleida por el mismo consumo. Aguas de Barcelona (Agbar) controla el 90% del agua de la metrópolis catalana. Buena parte de los vecinos de los municipios en los que Agbar suministra agua potable han optado por consumir más agua embotellada. Así, un estudio de la Agència Catalana de l’Aigua revelaba que, en 2007, un 58% del agua consumida en 23 ciudades suministradas por Agbar procedía de envases. A raíz de esta información, Ángel Simón, director general de Agbar, comentó que el sabor del agua en estos municipios, motivo fundamental por el que los consumidores han pasado del grifo a la botella, mejoraría con un “leve incremento de precio”, un concepto que Simón desarrolló después (“el agua embotellada es 200 veces más cara que la del grifo y la gente no deja de comprarla”), y que Agbar ha llevado a rajatabla: en 2008 el precio del agua potable subió un 3,6% y en 2009 el incremento fue superior al 8%. Este grupo, participado mayoritariamente por Suez, gigante de la gestión privada de aguas, fue uno de los grandes interesados en que saliese aprobado el “minitrasvase” del Ebro, proyecto que fue retirado en junio de 2008 a pesar de que Agbar se postulaba como adjudicatario de las obras del trasvase. Finalmente se impusieron las tesis ecologistas, que recuerdan la riqueza de los recursos hidrológicos de Catalunya que, no en vano, es la primera productora del Estado de agua envasada.


LAS GARRAS DE DANONE SOBRE LOS RECURSOS

P.E.

Lanjarón es líder del sector en el Estado español junto a Font Vella. Desde 2006, ambas pertenecen al grupo Danone. Este conglomerado francés no revela la cantidad de agua que extrae y comercializa de tres manantiales de Sierra Nevada, llamados Salud, destinada al agua sin gas; Fonteforte, para agua con gas, y San Vicente, empleada para minero-medicinales. Las asociaciones conservacionistas han denunciado que el caudal del río Lanjarón está seco en verano, mientras que la marca que toma su nombre envasa más de 200 millones de litros al año. En 2007, la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur puso una denuncia contra el delegado de Medio Ambiente en Granada por una concesión de caudales a la embotelladora. La provincia de Granada llegó a un acuerdo con Aguas de Lanjarón para permitirle una nueva captación que iba a proporcionar a la empresa más de 311 millones de litros anuales procedentes del río Lanjarón para usos industriales. Gerardo Sánchez, ex delegado provincial de Medio Ambiente, justificó la concesión en virtud del “interés económico y social de la empresa Aguas de Lanjarón”. Según explican a DIAGONAL desde esta asociación conservacionista, la denuncia se retiró porque Aguas de Lanjarón renunció a la concesión. Font Vella es la marca líder en el Estado español. Está instalada en el parque natural de Montseny y las Guilleries en la comarca de La Selva, junto a otras marcas de la competencia como Viladrau. Cada año salen en botella de La Selva 1.500 millones de litros al año. Las restricciones que Catalunya impuso a los regantes no afectaron a las embotelladoras, ya que éstas se acogen a los acuerdos con la dirección de Minas del Ministerio de Industria. En abril de este año Danone anunció que desistía de embotellar agua en Villena (Alicante), debido a las presiones ya que el grupo tenía previsto comprar derechos de agua a los regantes en pleno debate sobre el trasvase del Ebro.


AGUA EMBOTELLADA EN EL ESTADO ESPAÑOL

BALEARES, MURCIA Y CATALUNYA 
El Estado español es el cuarto consumidor de agua embotellada de toda Europa. Por comunidades, las que más agua envasada compran son Baleares, Murcia y Cataluña, y las que menos: Navarra, País Vasco y Madrid.

MULTINACIONALES DEL AGUA 
Grandes multinacionales tienen el negocio en territorio español. Danone (Font Vella y Lanjarón), Coca-Cola, San Benedetto (Fuente Primavera), Pascual (Bezoya), Nestlé, Damm, y empresas Vichy Catalán y Osborne, entre otras.

MERCADO EN CRECIMIENTO 
En los últimos años, las ventas se han duplicado en el Estado español, el cuarto país europeo en consumo por habitante. En 2004, según la ANEABE cada español bebió de media 120 litros, unos 5.200 millones de litros en total.

http://www.diagonalperiodico.net/Carta-blanca-para-las.html

 

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