CONFLICTOS ARMADOS EN COLOMBIA

HISTORIA DE LOS GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA

El conflicto político en Colombia se remonta al s.XIX con las rivalidades entre los partidos liberal y conservador, que representaban de forma muy parcial los intereses de la población. En cuanto al conflicto político actual, empieza en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas (principalmente las Fuerzas Revolucionarias de Colombia y el Ejercito de Liberación Nacional), fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social.

Origen y evolución:

La independencia de Colombia supuso el inicio de un conflicto que se prolongó durante todo el s.XIX en que había turnos entre los partidos conservadores y liberales, pronunciamientos y guerra civil.La última de estas denominadas guerras civiles se daría entre 1899 y 1902 y se conocería como la Guerra de los Mil Días. En ésta, los conservadores triunfaron frente a los liberales e inauguraron un período de 30 años que se llamó la “hegemonía conservadora”, una dictadura de un partido sobre otro.El partido liberal quedaría excluido del poder hasta 1930 cuando, debido a una coyuntura favorable, se haría con el poder y llevaría a cabo una serie de reformas: tributaria, fiscal, educación, y sobre todo, la agraria y laboral.Es una etapa, 1930-1947, en la que se da el juego entre partido liberal y conservador ejerciendo éstos últimos una oposición que impediría el desarrollo de las reformas, y que las bloquearía finalmente en 1947. Esa oposición que surge en los años 40 sería una oposición beligerante que defendería, por un lado, la idea de legítima violencia frente a los abusos del poder, y por otro, la práctica del atentado personal. Así se organizarían grupos irregulares, armados, que buscaban paralizar la participación electoral del liberalismo y después, descontar la diferencia de votos matando al opositor.

El punto álgido de esta violencia se daría en 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Su asesinato provocó una explosión de ira popular que se denominó el Bogotazo y que señaló el inicio de la denominada Violencia . Entre los años 1948 y 1953 fueron asesinadas unas 300.000 personas, proliferaron los grupos irregulares armados por parte de los dos bandos y se puso fin de forma definitiva a la reforma agraria que se pretendía realizar desde la década de los años 30.

Fue entonces cuando llegó el gobierno de Rojas Pinilla e inicio un arbitraje que se resolvió con un acuerdo entre los dos partidos: el Liberal y el Conservador se alternarían el poder. Este sistema, conocido como alternancia o Frente Nacional, se plasmó con un tratado firmado en Sitges (España) en 1953 y, aunque desde un punto de vista constitucional duraría 16 años, esta alternancia política se ha seguido dando en la actualidad.

De esta forma se da un monopolio del Gobierno y la oposición, pero es una oposición que no existe y que se excluye sistemáticamente desde el principio del Frente Nacional. Así, la oposición dentro del sistema se da, pero no tenemos oposición al sistema en sí, y cuando surge es físicamente liquidada o comprada mediante el sistema clientelista.

En los años 60 surgirían varios grupos de oposición que acabarían desapareciendo: Movimiento Revolucionario Liberal, Frente Unido, ANAPO, etc. Y el último intento de esta historia de la oposición fue la Unión Patriótica (UP), un movimiento político de los años 80 que pretendía trasladar el creciente movimiento guerrillero hacia una oposición civil, es decir, abandonar las armas para pasar a ser una oposición legal. Este movimiento sería liquidado físicamente en su totalidad con un saldo de 3000 muertos.

También en los 60 aparecerían varios grupos armados de variado ideario izquierdista: El más antiguo, activo y con mayor número de efectivos serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de ideología marxista-leninista, con origen en los grupos de campesinos que reclamaban la reforma agraria. Le seguiría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), heredero del movimiento estudiantil inspirado en la revolución cubana, las ideas del Che Guevara y la teología de la liberación.

Debido al incremento de las guerrillas, han proliferado las organizaciones paramilitares de derecha. Su origen se encuentra en las milicias rurales formadas por los grandes propietarios terratenientes, funcionarios locales en zonas en las que la presencia del Estado es débil, y las vinculadas a las Fuerzas Armadas y al narcotráfico. Todas ellas se encuadran en una estructura nacional a través de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) se establecieron vías de pacificación: Declaró una amnistía general para todos los grupos armados de oposición y ofreció negociar en el marco de un régimen amplio de incorporación política. Como resultado se obtuvo un alto el fuego de las FARC en 1985 que daría origen a la anteriormente citada UP. Sin embargo, debido a la falta de respaldo por parte de los partidos políticos, y tras la eliminación física de miles de guerrilleros desmovilizados, las FARC volvieron a las armas y la iniciativa no avanzó.

En 1990, entre los mandatos de Virgilio Barco y César Gaviria, se firmaron acuerdos con el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos rebeldes menores que se incorporaron a la apertura política que se plasmó en la Constitución de 1991. En cuanto al resto de los grupos alzados, se optó por la “guerra total” que continuaría Ernesto Samper (1994-1998).

Ya con Andrés Pastrana se lanzaría a finales de 1999 el Plan Colombia, un ambicioso proyecto integral que debería lograr también erradicar el narcotráfico y fomentar el desarrollo económico y social del país. Éste fue un plan evaluado en unos 7500 millones de dólares y financiado por Colombia (4500 millones $), EUA (1500 millones $) y Europa (200 millones $), además de otros recursos provenientes de instituciones financieras internacionales ( FMI, BM, BID…) y otros países (Japón, Suiza…).

Durante los primeros años de su mandato Pastrana se mostró con una gran voluntad de negociación con los grupos guerrilleros, pero tras un largo proceso no demasiado fructífero, consideró que esa estrategia había fracasado y finalmente decidiría la ruptura de negociaciones con la guerrilla a principios del 2002.

Situación actual:

En las elecciones de ese mismo año llegó al poder Álvaro Uribe con su programa de orden y autoridad que atrae a buena parte de un electorado cansado de la violencia y la inseguridad.

Es así como el presidente Uribe inició su mandato con tres objetivos entrelazados:

- Campaña por las reformas políticas: combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa.

- Proyecto de Seguridad Democrática: buscar la negociación con los grupos insurgentes desde la presión.

- Despliegue externo: introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional.

Ante esta nueva línea dura de Uribe, los grupos insurgentes se han preparado para la polarización del conflicto: las FARC con su demostración de fuerza tratando de extender el conflicto a varios frentes y de acercar la escalada ofensiva a las ciudades, y el ELN intentando sobrevivir en un contexto de tensión en el que deben confrontar tanto a las FFAA como a las AUC.

En cuanto a éstos últimos, apoyándose en complicidades políticas y en el hecho de compartir con las FFAA el objetivo de combatir a los guerrilleros, podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno a cambio de obtener la impunidad por sus acciones del pasado.

A día de hoy, y tras 40 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos. Además, la normalización de las prácticas violentas han llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Pese a todo, en la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, están surgiendo iniciativas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de integración social.

ACUERDO HUMANITARIO

Además de ser una de las manifestaciones más grandes en la historia del país contra el secuestro, la jornada del jueves fue una demostración de que hay banderas que, pese a la polarización, pueden conciliar las opiniones más disímiles. En las mismas marchas y a pocos metros de distancia, ondeaban pancartas que pedían ‘Sí al acuerdo humanitario, no al rescate a sangre y fuego’, y otras que decían ‘No al despeje, ¡Gobierno, firmeza, siempre firmeza!’.

Por supuesto, no todo fue unidad. El Presidente intentó canalizar la movilización hacia sus posiciones, mientras que el Polo Democrático hizo toldo aparte, en el Parque Nacional de Bogotá, y, en su pronunciamiento contra la muerte de los diputados, ni siquiera mencionó a las Farc. Lo destacable, sin embargo, es la inmensa capacidad de convocatoria y de unidad que tiene la condena del secuestro y sus autores. La jornada, en la que imperó el respeto por la divergencia, demostró que si se la convoca adecuadamente, la sociedad colombiana no es indiferente a la suerte de los secuestrados y sus familias, y que es unánime el rechazo al uso de las armas con objetivos políticos.

* * * *

Para dar continuidad a esta movilización, el Gobierno y los partidos de oposición deben construir un consenso básico. ¿Están ellos, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, el movimiento sindical, el estudiantil, el magisterial, dispuestos a suscribir un acuerdo para rechazar el secuestro en todas sus formas, condenar a quien lo practique, exigir la libertad incondicional de los rehenes y sostener la movilización nacional en favor de esos objetivos?

En principio, todos dicen que sí. Pero pasar del dicho al hecho sería un inmenso paso adelante, y el primero para presionar de manera sostenida por la libertad de los secuestrados.

Ahora bien, una vez logrado ese consenso -similar al de España frente a Eta-, ¿qué tan alejadas están las posiciones para lograr el acuerdo humanitario? De pronto menos de lo que parece. Desde la orilla opositora, y en las familias de los secuestrados, hay un clamor por el acuerdo humanitario. Uribe, en principio, no se opone, aunque su exigencia de no despejar -y la férrea insistencia de las Farc en que lo haga- lo impide. De hecho, el Gobierno aceptó la propuesta de despeje controlado de España, Francia y Suiza. Y ha tomado medidas como la liberación unilateral de ‘Rodrigo Granda’ y otros guerrilleros, que lamentablemente se ahogaron con el asesinato de los diputados.

* * * *

Un acuerdo básico permitiría explorar fórmulas en favor del acuerdo humanitario. Si el Gobierno teme, no sin razón, que el despeje de Florida y Pradera se convierta en una tribuna en la que las Farc le den largas a la negociación para recuperar terreno político, ¿sería posible un acuerdo humanitario sin despeje militar previo? ¿Es decir, que la negociación se haga sin despeje y este se concrete para la liberación de secuestrados y guerrilleros, observando las garantías de seguridad que piden las Farc? En principio, estas rechazan esta posibilidad. Pero, ¿qué pasaría si Uribe, la oposición y las familias de los secuestrados se pusieran de acuerdo en tal propuesta? O pueden explorarse otras fórmulas.

Una exigencia clave sería que el acuerdo abra las puertas a un compromiso de las Farc de abandonar la abominable práctica del secuestro. El Eln ha dicho que puede liberar a todos los que tiene en su poder y hay que exigir lo mismo a las Farc. A cambio, el Presidente podría ofrecer cesar cualquier intento de rescate militar durante un período, para dar oportunidad a la concreción de la propuesta.

En medio de las notables diferencias entre el Ejecutivo y los sectores políticos que se le oponen, un acuerdo con estos alcances no parece imposible. La falta de tradición de esquemas de Gobierno y oposición en Colombia hace difícil imaginarlo, pero es lo que ocurre en muchas democracias. Las diferencias se discuten en acalorados debates, pero gobernantes y opositores alcanzan acuerdos sobre temas fundamentales. El debate abierto en el seno del Polo Democrático por el senador Gustavo Petro, quien pide que ese partido sea más directo y categórico en su condena de las Farc, demuestra que hay mucho más margen para explorar acuerdos entre Gobierno y oposición del que a primera vista parece.

* * * *

Se asume que las Farc no son ‘presionables’. Pero hay que valorar la enorme fuerza que tendría un frente unido de familias de los secuestrados, Gobierno, oposición y sociedad civil en todas sus expresiones, al que sin duda se sumaría la comunidad internacional. ¿Podrían resistirse las Farc a esa presión? ¿No sería este consenso el primer paso hacia un acuerdo humanitario?

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/2007-07-08/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3629351.html

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